POLICIALES. Tiroteo entre policías: un juez resolvió que la causa le pertenece a la justicia ordinaria

A más de dos semanas de ocurrido el tiroteo entre un policía de la Bonaerense y tres de la Federal en una estación de servicios ubicada en las afueras de esta ciudad, todavía no ha sido definitivamente establecido si la causa penal que se está instruyendo por lo ocurrido quedará finalmente radicada en el ámbito de la justicia ordinaria o si terminará entendiendo exclusivamente en el hecho la justicia federal, desde donde también se habían iniciado actuaciones.

Pero como una señal de lo que en ese sentido puede llegar a suceder existe una resolución judicial que data del miércoles pasado. Se trata de un fallo que lleva la firma de Federico Barberena, juez de Garantías perteneciente a la justicia ordinaria. 

En ese pronunciamiento, el magistrado sostuvo que el expediente judicial tiene que seguir sustanciándose desde la Fiscalía provincial que en la actualidad está interviniendo en las actuaciones que se iniciaron por aquel, todavía, confuso episodio por el que aún continúa internado uno de los policías que resultara herido de un disparo.

No bien el hecho se produjo, en horas de la mañana del pasado jueves 11 del corrientes mes en el playón de la estación de servicios de la firma YPF que está situada -en jurisdicción de Azul- a la altura del kilómetro 299 de la Ruta Nacional número 3, el fiscal José Ignacio Calonje se hizo presente en el lugar para dar inicio a esa causa penal que todavía está tramitando.

Acompañado por instructores de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales (UFIE) que conduce, durante varias horas el funcionario judicial trabajó en el lugar. Entre otras cosas, tomando testimonios, dialogando con testigos y presenciando las pericias que realizaron efectivos de la Gendarmería Nacional que fueron convocados a tal efecto.

Hasta el momento, esa investigación penal que Calonje está llevando adelante desde una de las fiscalías con sede en Azul y perteneciente al ámbito de la justicia ordinaria sigue con la calificación inicial de “averiguación de ilícito”. 

En ese contexto, no hay imputados ni tampoco en consecuencia, al menos por ahora, se ha ordenado alguna medida cautelar para los policías de la Federal y el de la Provincia que estuvieron involucrados en lo que fue ese tiroteo entre efectivos de ambas fuerzas de seguridad.

Lo que el juez Barberena dispuso el miércoles pasado en medio de la feria judicial bien puede interpretarse como una novedad que se desprende de aquel incidente ocurrido en la estación de servicios. Una resolución del titular del Juzgado de Garantías número 2 departamental -quien de manera subrogante durante este receso invernal está entendiendo en la causa- que apunta específicamente a esa ya referida cuestión de competencia, surgida entre la justicia ordinaria y la federal luego de lo que fue ese tiroteo donde dos de los policías involucrados resultaron heridos de bala.

Planteo rechazado

Lo que el magistrado Federico Barberena resolvió fue en respuesta a un planteo formulado por dos abogados: Marcelo Julián Orlando y Juan Pablo Iemolo. 

El primero de ellos pertenece al Departamento de Patrocinio Legal y el segundo a la División de Asuntos Legales que, en ambos casos, dependen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina.

En la causa que se está tramitando en la UFIE, ambos abogados están presentados como “codefensores” de Matías Iván Quiroga, uno de los policías de la Federal involucrados en el hecho y que resultara ileso durante lo que había sido aquel tiroteo en el playón de la YPF que está a la altura del kilómetro 299 de la Ruta 3.

Argumentando diferentes cuestiones, entre ellas que también desde uno de los juzgados federales con asiento en Azul se está llevando adelante una investigación por lo ocurrido, ambos abogados habían solicitado la declinación de competencia de la justicia ordinaria en la causa que en ese ámbito se está sustanciando. 

Pero en ese fallo que data del miércoles último, el Juez de Garantías no dio lugar a dicha petición. Y en consecuencia, Barberena ordenó que las actuaciones que por lo sucedido también se están tramitando desde uno de los juzgados federales con asiento en Azul se remitan a la UFIE, con la finalidad de que se incorporen a esa investigación penal que ya se viene llevando adelante desde la justicia ordinaria.

Más allá de los argumentos esgrimidos por los abogados de uno de los efectivos de la Federal implicados en lo sucedido, el titular del Juzgado de Garantías 2 consideró que el sumario tiene que continuar radicado en la Fiscalia a cargo de Calonje.

Por eso, en esa resolución del pasado miércoles dispuso “librar oficio inhibitorio al Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Azul, a los fines de que decline la competencia en el marco de la causa N° FMP 18.336/2019 y la remita a éste organismo jurisdiccional, para su acollaramiento a la presente IPP N°01-00-4647-19/00”.

Además de que las actuaciones definitivamente queden radicadas en la justicia ordinaria, el Juez de Garantías ordenó que todas esas pruebas que ya han sido colectadas por separado desde el ámbito judicial provincial y el federal se unifiquen. Y también se pronunció a favor de “rechazar por improcedente la solicitud de declinatoria” de la competencia en el hecho de la justicia ordinaria “en resguardo del derecho de defensa de los imputados, procurando que no enfrenten una persecución penal múltiple”. 

Es decir, para que en el marco de ese tiroteo que protagonizaron los policías no sean investigados al mismo tiempo desde la justicia penal ordinaria y la federal.

Apoyando lo que sostenían al respecto los abogados de uno de los efectivos de la Federal que hicieron esta presentación, el Juez de Garantías sostuvo que en la actualidad la existencia de dos causas penales, una iniciada en la justicia ordinaria y la otra en la federal, se constituye en una “duplicidad de procesos sobre idéntico objeto procesal fáctico” que afecta las garantías constitucionales de defensa de quienes, en un futuro, podrían ser procesados por el hecho. Algo que, “de no remediarse por acumulación en una misma sede”, conspira “contra el supremo principio de ne bis in idem, que en el caso se estaría viendo vulnerado en la modalidad de persecución penal múltiple de carácter simultaneo”.

La resolución

En el fallo, además, se menciona que por aquella petición formulada por los abogados de uno de los policías federales se le había dado “vista” al Fiscal titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales, funcionario judicial que también se opuso “a la procedencia de la declinatoria planteada, habida cuenta que la situación materia de investigación no se encuentra inmersa ni posee identidad con ninguno de los supuestos reglados en el Artículo 33 del C. P. P. N.”.

Desde el Ministerio Público Fiscal, además de la oposición a la declinatoria de la competencia, en la resolución se indica que había sido pedido al Juzgado Federal número 1 con asiento en Azul -actualmente a cargo de manera interina del magistrado Martín Bava- el libramiento de un “oficio inhibitorio” para que, a favor de la justicia ordinaria, declinara la competencia en esa causa que también se había iniciado por lo que fuera este tiroteo. 

“Comparto con el Agente Fiscal -escribió Federico Barberena en lo dispuesto,  al aludir al funcionario judicial José Ignacio Calonje- que el hecho materia de investigación no presenta características en su objeto procesal que permitan enmarcarlo en alguno de los supuestos que habilitan la intervención del fuero de excepción”, tal como en este caso lo sería uno de los juzgados federales con asiento en Azul.

“Adviértase -agregó el magistrado- que ninguno de los supuestos específicos destacados como materia de actuación de la justicia federal se asimilan siquiera indirectamente al hecho materia de investigación”. 

“Retomando el presente hecho materia de dilucidación, lo que se encuentra debidamente acreditado es que los efectivos policiales, entre los que se encontraba el mencionado Quiroga, concurrieron en procura de materializar una orden de detención emanada desde el fuero de excepción, y que en dicho contexto previo -habida cuenta que ni siquiera se hizo presente en el lugar la persona cuya detención se pretendía- se desarrolla el devenir conductual que diera origen tanto a la formación de la presente investigación Penal Preparatoria como a la causa que los letrados requirentes informan se sustancia con idéntica finalidad investigativa en la justicia federal”.

En ese contexto de situación que describió, Barberena después sostuvo: “Sin adelantar en modo alguno posición respecto de la relevancia jurídico penal o la eventual juridicidad de las conductas desplegadas por los intervinientes en el hecho de marras, me encuentro en condiciones de afirmar que las mismas en modo alguno pueden enmarcarse en actuaciones que pusieren en riesgo la seguridad nacional, o con potencialidad siquiera ulterior para conmoverla”. 

Por ese motivo, señaló, “no comparto que la sola circunstancia de actuación de una fuerza federal en territorio de una provincia determine que las conductas de los mismos -potencialmente pasibles de reproche penal- queden bajo la esfera de dilucidación por ante el fuero de excepción”.

También, el titular del Juzgado de Garantías 2 con asiento en los Tribunales de Azul destacó en lo resuelto: “Si la conducta de cualesquiera de los actuantes mereciere un reproche penal -aspecto sobre el que no adopto posicionamiento actual alguno- lo sería por el desarrollo de una conducta -ya sea dolosa o imprudente- de un tipo penal ordinario y en territorio provincial”.

Una situación por la cual, en contraposición a lo sostenido por los abogados de uno de los policías implicado en el tiroteo, el magistrado Barberena rechazó ese pedido para que en el hecho ocurrido el pasado 11 de julio en la estación de servicios intervenga la justicia federal.